sábado, 15 de marzo de 2014

Aprobado el Registro de #HuelladeCarbono, una alternativa para incentivar el cálculo y reducción de #emisiones.

Una de las iniciativas más interesantes que ha lanzado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en los últimos tiempos ha sido ésta, el Registro de Huella de Carbono, aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros, el 14 de marzo.

 

Este registro, incentiva a las empresas a calcular y reducir voluntariamente sus emisiones de gases de efecto invernadero y promueve proyectos nacionales para la compensación de dichas emisiones,  con el objetivo de mejorar la capacidad sumidero de España.

El registro se estructura en tres secciones:
  • Sección de huella de carbono y de compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
  • Sección de proyectos de absorción de dióxido de carbono
  • Sección de compensación de huella de carbono
El sistema de cálculo y verificación de esta iniciativa es gratuito y se encuentra abierta a todo tipo de empresas, pudiendo aportar para la inscripción bien el cálculo realizado a través de la herramienta que facilita el propio MAGRAMA o, por supuesto, como se describía en el borrador de la normativa, se reconocerán las verificaciones realizadas por entidades acreditadas para la ISO 14065, ISO 14064, GHG Protocol, PAS 2050 o similar, así como entidades operacionales designadas (EOD) o entidades independientes acreditadas (AIE) por Naciones Unidas en el marco de los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kyoto.

Con respecto a la sección de proyectos de absorción, lo más destacable es que, cualquier organización, pública o privada, o incluso un particular puede registrar proyectos forestales de sumidero –siempre en territorio español-, cuya cantidad de CO2 equivalente neto estimado puede ser puesto a disposición de las empresas registradas que deseen compensar sus emisiones.

Por todo esto, considero que, en principio, tal y como está enfocado dicho sistema, el Registro del MAGRAMA tiene bastantes ventajas:
  • Propone una alternativa, de cálculo y verificación de la huella de carbono, por su gratuidad, totalmente asumible por las pequeñas empresas.
  • No entra en competencia con la verificación por tercera parte, pues es un registro exclusivamente de validez nacional,  cuyo enfoque, integra los sistemas de cálculo y verificación por entidades acreditadas.
  •  Es una herramienta que fomenta activamente el mantenimiento y crecimiento –a largo plazo- de nuestro patrimonio forestal, y por tanto, la conservación de nuestros ecosistemas.
  •  La puesta en marcha de este registro es un potente instrumento de divulgación de la huella de carbono y contribuirá, sin duda, a normalizar este tipo de información entre la ciudadanía, mejorando la concienciación y la capacidad de elección de productos y servicios en nuestro país.
Concluyo esta primera parte del artículo, gratamente sorprendida por las bondades de este proyecto, que a costa de ver cómo evoluciona, puede autodefinirse en una idea básica: alternativa. Una alternativa que hace accesible, sin no cambian las circunstancias anunciadas hasta el día de hoy, entrar en el sistema de cálculo y reducción de la huella de carbono a todas las pequeñas empresas u organizaciones.

La existencia de alternativas inclusivas son la oportunidad para reinventar y/o desarrollar nuevas dinámicas y prácticas sociales, para mejorar o ampliar la aplicación de modelos productivos o de vida sostenibles y la confianza entre distintos colectivos, como los de producción y consumo, pero principalmente, son herramientas que revierten directamente en la existencia de una ciudadanía activa, en la defensa y ejercicio de nuestros derechos humanos y constitucionales y, en definitiva, en nuestra calidad de vida.

Alternativas para elegir participar.

A día de hoy, en nuestra historia queda demostrado que los modelos únicos de funcionamiento, ya sean económicos, sociales o ambientales, terminan siendo ineficaces y aún más, cuanta menos capacidad de adaptación presenten. Pensemos, por ejemplo, en la agricultura intensiva, que ha demostrado ser un modelo productivo de gran impacto ambiental. Frente a la misma han surgido alternativas  diversas, como la agricultura ecológica, que minimiza el impacto que se deriva de la explotación de nuestros sistemas agrarios mediante la prohibición del uso de sustancias de síntesis química en los mismos.

Pero la agricultura ecológica no es un modelo estático, mejorar estos sistemas de producción significa que esta evolucione bajo una óptica agroecológica, que nos permita mejorar la sostenibilidad de este modelo, incluyendo aspectos  de manejo que van más allá de la mera normativa, y también, aspectos sociales, culturales, económicos, etc.

Siguiendo con el mismo ejemplo, la agricultura ecológica es un sistema de producción cuya garantía se establece mediante sistemas de certificación, en algunas comunidades autónomas de nuestro país, son públicos, y en otras, se ha privatizado. La certificación por tercera parte cumple un objetivo y un servicio necesarios, pero ¿por qué homogeneizar este modelo a todos los canales de comercialización y a todos los actores implicados?  A día de hoy, se reivindican la legalización de alternativas inclusivas a estos modelos de certificación que beneficiarían a una gran cantidad de pequeños agricultores, que, por otra parte, contribuyen, con sus prácticas de funcionamiento y producción, no sólo a proteger nuestros recursos naturales y culturales, como nuestras semillas autóctonas, sino a diversificar actividades económicas diversas y fijar población en áreas rurales.
Una de estas alternativas, ampliamente reivindicada por una gran parte del colectivo de producción y consumo, son los conocidos como Sistemas Participativos de Garantía.

Los Sistemas Participativos de Garantía* son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local. Certifican a productores y productoras tomando como base la participación activa de los actores y se construyen a partir de la confianza, de la construcción de redes sociales y del intercambio de conocimiento. La legalización de este modelo alternativo como garantía de la producción ecológica supondría que esos productores y productoras de pequeña escala, locales, se beneficiarían oficialmente de esta marca de diferenciación agraria.

Por tanto, diversificar alternativas para participar en la construcción de los distintos modelos de sostenibilidad, sean en la escala o nivel que sean, surjan por iniciativa social o por iniciativa gubernamental, son necesarias, nos enriquecen, eliminan barreras y límites económicos y sociales y potencian la capacidad de elegir participar en el proceso.

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